Opinión. De acuerdo con lo señalado en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, “el delito cibernético es una forma emergente de la delincuencia transnacional y uno de los de más rápido crecimiento. A medida que Internet se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, suministrando información y comunicación en todo el mundo, los delincuentes le han sacado aprovecho”.

Resulta innegable que, los avances tecnológicos han traído innumerables beneficios al mundo, sin embargo, el mal uso de las nuevas tecnologías ha traído consigo graves problemas para la sociedad, toda vez que, las Tic´s han abierto la puerta a diversos ciberdelitos.

Los países en desarrollo tienen una capacidad limitada para combatir a la delincuencia cibernética, por lo que las tasas de victimización son mayores que en los países desarrollados, lo cual se agudiza debido a las lagunas jurídicas. Desafortunadamente, nuestro país no es la excepción.

En México, a pesar de los esfuerzos de la policía cibernética, no hemos logrado contener a los cibercriminales que, operan en la red con una velocidad y eficiencia que rebasa por mucho a la de las autoridades.

Bajo el anterior orden de ideas, es importante poner atención a una nueva modalidad digital, denominada Bitcoin que, aunque no en todos los casos constituye un delito, existe un alto porcentaje de operaciones que sí lo son.

El Bitcoin, es un tipo de dinero digital de carácter informal, sobre el cual las autoridades financieras no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor, ya que no es una moneda oficial. Esta moneda virtual, debido al anonimato de sus usuarios, ha sido señalada en diversos países del mundo como un mecanismo para realizar operaciones ilícitas, como fraude, lavado de dinero, compra de armas, terrorismo, trata de personas, pornografía y prostitución infantil.

Esta moneda virtual que permite evadir impuestos, no tiene que pasar por las reglas de las instituciones bancarias y, por lo tanto, se han vuelto un paraíso para los lavadores de dinero y para las transacciones delictivas, ya que no deja rastro y mantiene resguardada la identidad de quien las realiza.

El intercambio de monedas virtuales se hace de usuario a usuario sin la intervención de instituciones bancarias o autoridades, simplemente con ayuda de la red. Los rendimientos de esta moneda, han crecido de forma exorbitante desde su creación, por lo que, ha entrado como cuchillo en mantequilla en México, a través del ciberespacio, sin que las autoridades hayan tomado acciones concretas al respecto.

Desde luego que, no todos los que invierten en Bitcoin son delincuentes, aunque saben que su dinero puede estar en riesgo y es una inversión que conlleva la evasión fiscal.

Como acertadamente, lo señaló el científico y periodista Javier Sampedro, “los humanos, como los mercados, tendemos a buscar beneficios inmediatos a costa de arruinar nuestro futuro”.

En tal virtud, es menester contar en el país con un marco normativo, acorde a los mejores estándares internacionales, que regule las actividades realizadas a través de las nuevas tecnologías financieras, a efecto de otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas, así como prevenir el lavado de dinero, el terrorismo y diversos delitos que de ahí pudieran derivarse.

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