Opinión. Informes y rendición de cuentas: sin estos conceptos, la democracia no encontraría sentido.

El avance democrático que se ha venido dando en nuestro país, hace indispensable el fortalecimiento de diversos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que permitan que el impulso observado se mantenga, principalmente en las democracias representativas como la nuestra, en las que los ciudadanos delegan el poder del Estado a sus representantes y estos a su vez deben rendir cuentas y justificar sus acciones de mandato ante los gobernados.

Los informes de actividades ante la ciudadanía, el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización y de acceso a la información son algunos de los más relevantes y contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficacia en el ejercicio de la gestión pública.

Por lo que respecta a los informes de actividades, se trata de una obligación que se encuentra contemplada en los textos constitucionales, tanto federal como de las entidades federativas para la mayoría de los cargos, sobre todo de elección popular y titulares de organismos autónomos.

Generalmente, los procedimientos para presentación de informes de actividades se encuentran reglamentados, sin embargo, no siempre es así y es en estos casos en los que es común que se utilice un modelo en el que los funcionarios públicos presentan un informe a sus electores en actos masivos.

Un modelo que ha sido hasta cierto punto controversial, sin embargo, lo importante es que contenga los elementos esenciales para rendir cuentas a los ciudadanos, como lo es la información y las justificaciones de las decisiones. El origen proviene de la obligación misma de la presentación de informes, acompañada de la obligación de hacerlos públicos y ponerlos a disposición de la ciudadanía.

Afortunadamente, las tecnologías de la información han abierto nuevos canales de difusión de informes de actividades. Hoy día, estas importantes herramientas tecnológicas permiten un acercamiento a los ciudadanos y ofrecen alternativas viables para, de manera proactiva, cumplir con la obligación constitucional de rendir informes e interactuar con los ciudadanos en un débito de coparticipación ciudadana y hacer coincidir la acción pública con las expectativas de los ciudadanos.

De hecho, es hacia un punto en el que hemos venido avanzando en nuestro país, con la creación de una auténtica política de Gobierno Abierto, en la que los Poderes de la Unión pongan a disposición de la ciudadanía la información del ejercicio de sus funciones, del gasto público y sus principales decisiones.

Se trata de avanzar hacia en empoderamiento ciudadano que permita dar seguimiento al actuar de todas las instancias gubernamentales en el país, además de terminar con excesos e irregularidades que tanto han lastimado a los mexicanos.

Así, el diseño e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas, información y participación ciudadana, impulsando la utilización de tecnologías de la información, constituirán una conjunción estratégica para seguir avanzando positivamente en nuestra democracia. Una democracia que no podría entenderse si no está ligada a la obligación de los gobernantes a rendir cuentas de su mandato.

Es un debate que ocupa cada vez mayor atención en diversos países y el nuestro no es la excepción, máxime que de acuerdo a las recientes reformas constitucionales implementadas, la transparencia y el acceso a la información constituyen un derecho fundamental para todas las personas, pero que serán verdaderamente útiles en la medida en que funcionen como una herramienta valiosa para consolidar las expectativas de la democracia de nuestro país, sanear la vida pública y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

 

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